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Alberto Capella, la polémica

 

Ernesto Villanueva

 

Proceso

 

¿Alberto Capella tenía algún incentivo para ordenar o permitir la actuación policial como se llevó a cabo en Cancún el 9 de noviembre? No es necesario ser un experto en temas policiacos para decir rotundamente que no.

 

El 9 de noviembre pasado policías municipales de Benito Juárez, Quintana Roo, dispersaron con armas de fuego y tiros al aire una manifestación por el feminicidio de Alexis, lo que generó no sólo pánico, sino heridos. Al día siguiente tanto el secretario municipal como el estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella salieron de sus encargos.

Desde la mirada de los medios, el responsable de ese doloroso evento fue responsabilidad de Capella. La repetición, interesada o no, de la existencia de un culpable en un caso como éste prende rápidamente en el Sistema Nervioso Central y se queda como una verdad percibida. Advierto la probabilidad de un escenario distinto al que la técnica del denominado pánico moral (Stanley Cohen. Folk Devils and Moral Panics) ha dictado sentencia sumaria. El pánico moral surge cuando una condición o evento justifica estigmatizar a una persona como negativa para la sociedad. Veamos.

Primero. Conozco a Alberto Capella desde el 2001 cuando siendo secretario técnico del Consejo Coordinador Empresarial de Baja California se unió a la lucha por la transparencia y rendición de cuentas en su estado. Después de largas negociaciones finalmente se consiguió aprobar que el congreso local la primera ley local en la materia.

En ese tiempo la inseguridad en Tijuana y en el estado gozaban de cabal salud. Capella participó desde la sociedad en las tareas de denuncia ciudadana contra la inseguridad. Hombre inteligente, estructurado y de firmes convicciones, fue invitado para ser secretario de seguridad pública en Tijuana.

La noche anterior recibió la bienvenida con más de 500 disparos de armas largas en su casa porque se apartó de la máxima del sistema político: “En política, el único pecado que no se perdona es la falta de complicidad”. Y se volvió pecador empedernido, pero dio buenos resultados y de nueva cuenta fue llamado al mismo encargo practicando la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y haciendo de Tijuana un lugar mucho menos inseguro que como lo encontró.

Sus méritos le valieron para que fuese invitado como titular de Seguridad Pública del estado de Morelos donde perfeccionó la lógica del mando único policial que no significa que desaparezcan las policías municipales en un Estado, sino que trabajen bajo una estrategia común que permita, por ende, ofrecer mejores resultados que si cada municipio adopta su propio modelo, lo que permite la captura del sistema policial por el crimen organizado.

Segundo. Ya con tres experiencias exitosas como responsable de seguridad pública, Capella fue convocado a Quintana Roo para hacerse responsable de la misma tarea en una entidad con muchos puntos vulnerables al ser el principal centro turístico internacional. A su llegada debió hacer una reingeniería integral del trabajo policial. Por un lado, hizo varias tareas para subir la moral de la fuerza pública y lograr que esta tuviera reconocimiento por aproximaciones sucesivas en la sociedad quintanarroense.

Además, por las relaciones forjadas por Alberto a su paso por seguridad pública en Tijuana, con la embajada americana y el FBI, logró que el gobierno estadunidense apoyara con recursos físicos a la Secretaría de Seguridad Publica, le diera capacitación para el combate a la corrupción policial y capacitación en protocolos de actuación en feminicidios, atención a la violencia de género, cero tolerancia al hostigamiento y acoso sexual, entre otros.

Lo importante fueron los resultados: 1363 personas detenidas por presuntos vínculos con el crimen organizado.

De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del periodo de enero a septiembre del 2020 en relación al mismo espacio de tiempo en el 2019, se logró un 44% de reducción a los robos en casa habitación, el 38% menos a robo de negocios, los feminicidios se redujeron en un 25% y el robo en transporte público bajó un 73%, por citar algunas de las principales cifras. El 21 de octubre pasado, hace menos de un mes, Capella recibió un reconocimiento público por el FBI en Cancún por su trabajo.

Tercero.  En ese contexto, es natural que surgen varias preguntas básicas sobre la represión en Benito Juárez: ¿Alberto Capella tenía algún incentivo para ordenar o permitir la actuación policial como se llevó a cabo? No es necesario ser un experto en temas policiacos para decir rotundamente que no. Al contrario, haber actuado en esa dirección no tenía más que resultados negativos y repudio social.

¿Desconocía Alberto los protocolos en manifestaciones públicas? Tampoco, eso lo sabía bien desde sus inicios en esa carrera en Tijuana, particularmente porque él encabezó varias marchas contra la inseguridad por Baja California antes de ser titular de Seguridad Pública y porque estaba justamente en proceso de ser certificado por la principal calificadora de la policía en el mundo, CALEA, formada por exagentes del FBI y cuyos requerimientos son muy rigurosos.

Entonces, ¿Qué pasó? Es probable que se pueda validar la hipótesis de que un poderoso cartel trasnacional de Europa del Este dedicado a la clonación de tarjetas de crédito de miles de turistas que visitan Cancún hubiese infiltrado a algunos mandos policiales para llevar a cabo esa absurda provocación contra la citada manifestación dando un tiro de precisión en la línea de flotación de Alberto Capella, quien ya venía avanzando en investigaciones contra este poderosísimo grupo del crimen organizado. Así las cosas.

 

Juegos de poder

 

Estados Unidos se desiste de perseguir a Cienfuegos

 

Leo Zuckermann

 

Excelsior

 

  • Aunque la evidencia de la fiscalía en contra de Cienfuegos es sólida, EU se desiste de acusarlo porque es lo que le conviene a ese país en sus relaciones exteriores con México.

 

Ayer en la noche, un amigo me escribió para decirme que él no entendía nada con respecto al caso del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, detenido y acusado de tres delitos de narcotráfico y uno de lavado de dinero en Estados Unidos. Se refería a la moción del Departamento de Justicia de ese país para desistirse del caso y liberar al militar mexicano.

Entiendo y comparto la confusión de mi amigo con respecto a este caso. Para comenzar a comprender lo sucedido, vale la pena leer el documento del fiscal federal Seth D. DuCharme que le envió al juez Carol B. Amon para notificarle el desistimiento.

Afirma el fiscal que un gran jurado del Distrito Este de Nueva York encontró que había elementos para acusar a Salvador Cienfuegos Zepeda de los delitos de conspiración para traficar heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana y lavar las ganancias de los narcóticos.

Tras la detención del inculpado, continúa el documento, funcionarios del gobierno de México, que no tenían conocimiento de la acusación, participaron en discusiones con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos sobre los cargos del general. “Durante el curso de esas discusiones, se informó a Estados Unidos que la Fiscalía General de la República de México había iniciado su propia investigación sobre la supuesta conducta del acusado. Como resultado de estas discusiones, el gobierno de Estados Unidos concluyó, con la concurrencia del gobierno de México, que Estados Unidos retiraría los cargos sin prejuicio, de modo que México podría proceder primero a investigar y potencialmente enjuiciar al imputado bajo la ley mexicana por la presunta conducta en cuestión, ocurrida en México”.

A continuación, en el documento, se citan una serie de precedentes judiciales que corroboran la decisión del fiscal de desistirse.

La moción no deja dudas. Aunque la evidencia de la fiscalía en contra de Cienfuegos es sólida, Estados Unidos se desiste de acusarlo porque es lo que le conviene a ese país en sus relaciones exteriores con México.

Después de discusiones entre funcionarios de ambos gobiernos, el Departamento de Justicia de nuestro vecino de norte consideró que esto es lo mejor para el interés público de su país dada la estrecha cooperación que existe entre las dos naciones para combatir al narcotráfico y procurar la seguridad de los ciudadanos en ambas naciones.

Luego entonces, de aceptar el juez la moción del fiscal, el general Cienfuegos podrá regresar a México para ser juzgado por la Fiscalía General de la República.

Se trata, sin duda, de un giro inesperado en este caso.

Cuando detuvieron al general Cienfuegos, se dijo, con toda razón, que se trataba del arresto, en territorio estadunidense, del más alto funcionario mexicano del Ejército en la historia del país. Un duro golpe, sin duda, a las Fuerzas Armadas. Nada menos que se estaba inculpando al exsecretario de la Defensa Nacional durante todo el sexenio del presidente Peña Nieto. Y el gobierno de López Obrador no sabía nada al respecto. Como todos los mexicanos, se enteraron por la prensa de la detención de Cienfuegos.

Ahora, el fiscal estadunidense se desistió. ¿Qué pasó?

Supongo que el gobierno mexicano movilizó todos sus recursos para que los fiscales federales estadunidenses se echaran para atrás. Vale la pena decir que no es nada común y corriente que el Departamento de Justicia se desista. Por el contrario, es muy difícil que lo haga, a menos que existan presiones políticas muy fuertes.

Al final del día, el Departamento de Justicia depende del Presidente. No dudo que el Departamento de Estado y la Casa Blanca hayan intervenido para liberar al general Cienfuegos en el entendido, como dice el documento de la fiscalía, que esto es lo que más le convenía a los intereses de Estados Unidos. Y es que, supongo, se estaba jugando la futura cooperación de las Fuerzas Armadas mexicanas en el combate al narcotráfico. El caso Cienfuegos podría representar un precedente para que los militares mexicanos dejaran de auxiliar a las autoridades estadunidenses.

Un último punto. Esto también podría ser un regalo de la administración del presidente Trump al gobierno de López Obrador por no haber reconocido el triunfo en las elecciones presidenciales de Joe Biden. Quid pro quo de dos presidentes que se llevan bien, son pragmáticos y saben negociar.

 

Astillero

 

Cienfuegos, la manzana envenenada // Tufo a impunidad // Consideraciones de política exterior // Ebrard: SC, libre de cargos

 

Julio Hernández López

 

La Jornada

 

ES INSÓLITO, Y aporta un tufo a impunidad y a persistencia de un fuero militar de facto, el trato especial gestionado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y taimadamente concedido por Donald Trump, en el caso del general en retiro Salvador Cienfuegos, acusado de delitos y encarcelado en Estados Unidos, a quien ayer se le obsequió el desistimiento por parte de las autoridades del vecino país para que en el nuestro lo investiguen y, en su caso, lo procesen judicialmente.

LA CLAVE DEL caso está en el primer párrafo del escrito del Departamento de Justicia, dado a conocer ayer y enviado a la juez Carol B. Amon: “Los Estados Unidos han determinado que consideraciones de política exterior, sensibles e importantes, tienen mayor peso que el interés del gobierno en mantener la persecución penal del acusado, bajo la totalidad de las circunstancias, y, por tanto, requiere desestimar el caso” (https://bit.ly/38TWSRA). Es decir, de ninguna manera se exonera al general Cienfuegos, sino que el gobierno de Trump considera que sus buenas relaciones con México son más importantes que el continuar con el proceso al ex secretario de la Defensa Nacional y lograr su eventual sentencia condenatoria.

LAS CONSIDERACIONES DE política exterior, sensibles e importantes, no aparecen de pronto en el aire de la Casa Blanca ni de manera unilateral o gratuita. Esas relaciones son bilaterales y se negocian. Y, por lo visto, México presionó y negoció para que Cienfuegos sea devuelto a México a fin de ser investigado por una colaborativa Fiscalía General de la República (que ya había abierto indagaciones de oportunidad para recibir el caso y ahora deberá investigar lo que le envíe Estados Unidos de pruebas delictivas que la propia FGR no había recolectado nunca) y para, supuestamente, ser sujeto de un proceso judicial exculpatorio o condenatorio, como si en México hubiera poderes públicos con la capacidad de resistir la presión de enjuiciar a un ex jefe militar de ese rango, con vinculaciones con grupos castrenses de poderío evidente.

A FIN DE cuentas, el episodio de este martes es una manzana envenenada para el gobierno obradorista y para el sistema político mexicano en general. Es un regalo de Trump a López Obrador, cuyo gobierno se apoya cada vez más en la fuerza militar, que permitirá en lo inmediato dar sosiego a la élite verde olivo, pero que al mismo tiempo pondrá bajo la lupa internacional y nacional la capacidad real de México para procurar e impartir justicia en este caso tan delicado.

SI ACÁ TRIUNFAN la impunidad y las complicidades, será un golpe demoledor para el discurso, hasta ahora poco eficaz, contra la corrupción. Y la siguiente administración de Estados Unidos, si, como todo indica, queda Joe Biden a la cabeza, podrá incluso reprochar el curso de esta decisión de desestimar las acusaciones a Cienfuegos y eventualmente pretender algún tipo de correcciones de lo hecho ayer por Trump.

VALE PREGUNTAR A cambio de qué se concedió a México esta decisión negociada al más alto nivel (el responsable de la política exterior es el presidente de la República y el secretario de Relaciones Exteriores es un subordinado que cumple instrucciones). Ayer mismo, apenas se conocía la información del desistimiento, el canciller Ebrard salió a confirmar el hecho, a precisar que Cienfuegos regresará a México sin cargos, como un ciudadano más, y a precisar que el gobierno federal no ve lo sucedido como un camino a la impunidad, sino como un acto de respeto a México y las fuerzas armadas.

POR LO PRONTO, queda de manifiesto que los procesos judiciales estadunidenses pueden ser frenados o distorsionados en determinadas etapas por intereses políticos confesos. Y a México corresponde ahora el turno de demostrar (uf) que se puede hacer justicia verdadera, que no hay protección a las élites militares y que al presunto autor de actos delictivos, Cienfuegos, no se le dará acá otro trato de privilegio. ¡Hasta mañana!

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