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Cuando la justicia militar devora a los hijos del Ejército

Jorge Carrasco Araizaga

Proceso

28/03/2019

El secretario de la Defensa Nacional, general Luis C. Sandoval, deberá tomar en los próximos días una decisión que podría marcar parte de su gestión. Se trata del reconocimiento de inocencia del general brigadier Ricardo Martínez Perea, quien vivió 15 años preso sin que la justicia militar demostrara su responsabilidad del delito de delincuencia organizada que le endilgaron el expresidente Vicente Fox y su procurador, el general retirado Rafael Macedo de la Concha.

Fue un caso más de consigna que ha definido a la justicia militar en México, en la que el Tribunal Supremo de la Justicia Militar (TSJM) obedece las órdenes de su superior, el jefe del Ejército, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Si hay un ejemplo de falta de autonomía e independencia de los jueces es el de los tribunales castrenses.

En abril de 2001, el entonces presidente Vicente Fox sentenció públicamente al último general táctico del Ejército mexicano, el general Martínez Perea. Lo acusó desde Colombia, de ser un protector del narcotráfico.

El expresidente buscó un golpe de efecto que distinguiera a su gobierno, que se había iniciado con la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. La justicia militar cumplió al pie de la letra a orden del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República y condenó al general a 15 años de prisión, tal y como lo había anunciado el gobernante sin que mediara un proceso judicial.

Pese a las irregularidades procesales y de que su supuesto protegido, Gilberto García Meza, El June, obtuvo su libertad por violaciones al debido proceso, el general Martínez Perea purgó la totalidad de la sentencia en distintas cárceles civiles y militares del país, incluida la colonia penal federal Islas Marías, en Nayarit.

Pasó varios años de prisión junto a delincuentes que él mismo había detenido. El 5 de abril de 2016, salió de su último lugar de reclusión, el penal de Islas Marías.

A sus 73 años, sigue con su batalla legal para que la Sedena le reconozca su inocencia, además de que interpuso una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano.

Durante el proceso penal, el TSJM se negó a citar a sus acusadores, entre ellos a Fox y a quienes fueron secretario de la Defensa Nacional, el general retirado Clemente Vega García, y el procurador General de la República, el general retirado Macedo de la Concha.

La única prueba en su contra fue un anónimo que lo acusó de proteger al cártel del Golfo en su condición de comandante del 21 Regimiento de Caballería Motorizado, que entonces estaba en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esa acusación fue desechada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México y declaró “la prueba” y todo el proceso penal inconstitucional al revisar el caso de uno de los coacusados del general, el capitán Pedro Maya, quien ya está reintegrado en la Sedena.

La búsqueda del reconocimiento de inocencia por parte del general Martínez Perea es para limpiar su nombre y su honor militar, pero también para recuperar sus derechos. Sobre todo, la atención médica y la pensión que ya se había ganado con casi 40 años de servicio cuando fue detenido.

Quería cumplir medio siglo como miembro activo del Ejército, al que perteneció su padre y al que también sirven su hijo y uno de sus yernos.

Su hoja de servicios al Ejército incluye 29 reconocimientos por escrito de la secretaría de la Defensa Nacional; paradójicamente, por sus aseguramientos de droga, dinero y bienes a narcotraficantes. La mayoría, en Tamaulipas.

De nada valieron cuando sobre el general cayó la consigna y fue acusado junto con dos de sus oficiales de “delitos contra la salud en su modalidad de colaborar de cualquier manera con el narcotráfico”.

Pese a todas las evidencias, el TSJM ha evitado con argucias legales echarse para atrás en el caso del general. En los próximos días tendrá que pronunciarse en definitiva. Si acepta, tendría que pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que otorgue el reconocimiento. Sería tanto como reconocer que actuó por consigna. En caso contrario, el caso pasaría a tribunales civiles, pero habrá marcado la gestión del general Sandoval.

Revocación

  • Debiera preocuparnos que con la revocación, el Presidente no gobierne por el bien del país.

Pascal Beltrán del Río

Excelsior

Hace dos semanas, las reformas al artículo 35 de la Constitución –para introducir la figura de revocación del mandato y modificar la mecánica de la consulta popular– pasaron por la aduana de San Lázaro.

Con la ayuda de los diputados del PRI –que se sumaron al bloque oficialista–, la iniciativa alcanzó la mayoría calificada y fue enviada al Senado, donde, hasta el momento de escribir estas líneas, no había iniciado el trabajo legislativo en comisiones.

Estamos a tiempo de evitar una grave regresión en materia democrática. Los senadores tienen en sus manos evitarla y, como Cámara revisora, serán responsables de sus efectos si es aprobada.

No me preocupa la revocación por ser la puerta de entrada de la reelección del presidente, Andrés Manuel López Obrador, como aseguran algunos. Porque existe un compromiso público del tabasqueño de no buscar la reelección.

Es cierto, podría faltar a su promesa, pero lo que no podría hacer es revertir la no retroactividad de las reformas constitucionales.

Igual que sucedió con las reformas que hicieron posible la reelección de alcaldes y legisladores –que apenas comenzó a aplicarse en 2018 luego de ser promulgada en 2014–, no podría funcionar en el caso de la Presidencia de la República, sino hasta 2030.

Lo que hoy debiera preocuparnos es otra cosa: la revocación significaría, por un lado, meter un alto grado de incertidumbre en que un Presidente elegido para seis años no termine su periodo, lo cual llevaría a la oposición a no colaborar con él en nada; y, por otro, que gobierne no para el bien del país, sino para asegurarse que concluir su periodo.

Se dice en defensa de la iniciativa –minuta en manos de los senadores– que la revocación del mandato existe en otros países. Eso no significa que pueda o deba adoptarse en México. Porque si a esas vamos, la reelección también existe en otros lados. Nuestro país tiene características históricas particulares. Y creo que ha sido un acierto que, desde 1934, todos los presidentes que han sido elegidos para un sexenio han terminado su periodo.

Es verdad que se pueden encontrar antecedentes de la revocación del mandato incluso en la democracia ateniense. Pero el que la iniciativa provenga del propio Presidente y que él pudiese tener la facultad de convocarla es un contrasentido.

Incluso podría ser violatoria de la Constitución si se quiere aplicar en 2021 porque el periodo por el que López Obrador fue elegido fue de cinco años y 10 meses y termina el 30 de septiembre de 2024.

¿Se imagina si la oposición tuviera mayoría en el Congreso y decidiera legislar para imponer una votación de revocación del mandato en 2021? Aquello se vería como un intento de golpe de Estado.

En 19 estados de Estados Unidos existe la figura de revocación del mandato. En California –donde fue exitosa en 2003– se necesita la firma de 12% de los electores registrados, provenientes de al menos cinco condados. En México se quiere que la petición prospere con 3% de ciudadanos que firmen.

Es engañoso, además, que el propio Presidente pueda iniciar un proceso de revocación en su contra y que éste se celebre el día de las elecciones intermedias.

Parece un simple pretexto para que el Ejecutivo pueda recurrir a los medios y hacer campaña para sacar brillo a su propia imagen y apoyar a su partido, lo cual quedó prohibido por una reforma constitucional en 2007, y que, irónicamente, fue aprobada por presión del propio López Obrador, luego de lo sucedido en la elección de 2006.

Invasiones e indulgencia

Carlos Martínez García

La Jornada

Parecería un disparate, pero no lo es. Las cartas enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador al papa Francisco y al rey de España, Felipe VI, en la que les insta para que reconozcan los daños que infligieron a los pueblos originarios de México colocan en el centro del debate público la naturaleza de lo acontecido en estas tierras durante la Conquista y la Colonia.

El proceso de dominación española en México fue complejo, no es resultado solamente de fuerzas militares ibéricas que sometieron a pueblos de lo que ahora es México. Los españoles, por distintas razones y por diversos medios, contaron con la colaboración de indígenas para vencer al imperio mexica. Dicha participación no exculpa las atrocidades perpetradas por las tropas que encabezaba Hernán Cortés ni el sistema colonial que se construyó después.

La respuesta del gobierno español a la misiva de López Obrador sostiene que es anacrónico evaluar un acontecimiento histórico con parámetros éticos actuales. Por lo cual expresó: “La llegada, hace 500 años, de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas”. El comunicado convenientemente olvida que en el mismo siglo XVI hubo voces que se levantaron para denunciar la violencia de los conquistadores. Fue el caso de Bartolomé de las Casas, cuya convicción de hacer misión al estilo de Cristo quedó bien consignada en De unico vocationis modo omnium gentium ad veram religionem, de 1534 (edición en español: Del único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión, Fondo de Cultura Económica, México, 1975). La obra, escribe en el prólogo André Saint-Lu, es “un gran tratado doctrinal en que desarrolla su teoría de la conquista evangélica; es decir, de la atracción a la fe cristiana por medios únicamente persuasivos, y probaba largamente, por otra parte, la plena capacidad intelectual de las personas del Nuevo Mundo”.

En la controversia de Valladolid (1550) que sostuvo con el teólogo imperial Juan Ginés de Sepúlveda, De las Casas evidenció que la barbarie española coaccionaba a los indígenas y tal forma de proceder estaba más motivada por la expoliación de las riquezas del Nuevo Mundo que por interés de supuesto bienestar espiritual: “¿Cómo se compagina el ejemplo de Cristo con el hecho de repartir lanzadas entre los indios desconocidos antes de predicarles el Evangelio, y aterrorizar sin medida a personas totalmente inocentes con un despliegue de arrogancia y de la furia de la guerra y obligarlos a escoger entre la muerte y la huida?”

En cuanto a la respuesta del papa Francisco sobre excesos cometidos en la evangelización de América Latina, el vocero del Vaticano, Alessandro Gisotti, recordó que “como es sabido, el santo padre ya se ha expresado con claridad sobre esta cuestión”, en julio de 2015 durante su visita a Bolivia. Entonces mencionó que el 12 de octubre de 1992 Juan Pablo II, en Santo Domingo, “pidió perdón a las poblaciones americanas por las ‘injusticias’ cometidas contra sus antepasados”. En realidad fue una petición de perdón ligth, porque los excesos, explicó Juan Pablo II, fueron consumados por personajes que sucumbieron al espíritu de su tiempo y habría que ser comprensivos con ellos.

El 12 de marzo del 2000, en Roma, Juan Pablo II hizo acto de contrición y, supuestamente, reconoció los pecados perpetrados por la Iglesia católica contra las culturas indígenas, los cristianos separados de Roma y el pueblo judío, entre otros. Entonces se hizo público el documento pontificio La Iglesia y las culpas del pasado, El escrito convirtió el operativo de hacer cuentas con la historia en un consumado acto de prestidigitación: el arrepentimiento se perdió en farragosas disquisiciones en un escrito que podríamos titular: De la posibilidad teórica de pedir perdón sin comprometerse a realizarlo en la práctica.

El 85 por ciento de la Iglesia está dedicado a bordear el tema de las culpas del pasado, hacer consideraciones teológicas, morales y filosóficas acerca de la bondad existente en quien pide perdón por faltas y ofensas cometidas por parte de una institución bimilenaria. Todo para llegar al restante 15 por ciento y encontrarse con que la tal petición de perdón es relativizada al extremo de dejar las atrocidades en meros errores o debilidades de “hijos de la Iglesia”. Ni una palabra sobre que éstos persiguieron a herejes, arrasaron culturas, propiciaron el oscurantismo cultural y justificaron crueldades. En su afán de matizar culpas que no pueden ser moralmente disminuidas, Juan Pablo II recurrió a explicaciones endebles. El escrito busca justificar las culpas pasadas por los condicionamientos de los “tiempos históricos, sociológicos y culturales” a que estuvieron sujetos los “hijos de la Iglesia” que consumaron crueldades como las de la Inquisición.

Las misivas de López Obrador ofrecen la oportunidad de repensar nuestro pasado, con sus luces y sombras sin evadir cada cual su responsabilidad.

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