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¿Resoluciones de papel o de impacto monumental?

Luis Miguel Cano López

Proceso

En próximos días, la Primera Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia decidirá un caso de máxima trascendencia, pero que curiosamente podría tener escasa cobertura mediática. Se trata del amparo en revisión 327/2017, el cual brindará la oportunidad para que se avance en la delimitación de los actos de particulares que por su equivalencia con los actos de autoridad, resultan justiciables vía el amparo.
No tengo duda de que, si el respeto por los derechos humanos de todas las personas guiara nuestra convivencia social, ello contribuiría a erradicar nuestros graves problemas. Si a la par de exigir que las autoridades cumplan sus labores, lográramos asumir nuestras propias responsabilidades y comportarnos del modo que queremos que se nos trate, estaríamos en una situación muy distinta y mejor. Pero lo cierto es que la congruencia es una virtud que se nos escapa demasiado.
En todo caso, me da esperanza que en ciertos casos los actos de particulares que tengan por consecuencia la violación de algún derecho humano, puedan juzgarse a través de nuestro juicio de amparo. En concreto, el asunto por resolver en la Primera Sala de la Corte tiene que ver con que las autoridades de una escuela privada, luego de expulsar a un estudiante del quinto grado de educación primaria por falta de pago de las colegiaturas, le retuvieron sus evaluaciones y exámenes.
Vale la pena aclarar que la expulsión por falta de pago no se considera un acto cuestionable por medio del amparo en el proyecto de sentencia que para este asunto preparó la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Solamente el hecho de que la escuela, como una especie de represalia, retuviera aquellas evaluaciones y exámenes, con lo cual, seguramente dificultó que el niño afectado pudiera cambiarse de institución educativa sin perder continuidad en sus estudios.
Preciso lo anterior, primero, para evitar que alguien reaccione de mala manera, y sin empatía alguna y sin sentido, vocifere sobre lo terrible que sería obligar a las pobres escuelas privadas a continuar con su servicio a pesar de la falta de pago. Nada tiene que ver este caso con eso, así que por ese lado no debería politizarse este asunto. Al contrario, pienso que mucha gente hoy por hoy, por muy distintas causas, enfrenta dificultades económicas que no obedecen a su irresponsabilidad, por lo que un mínimo trato humano sería no agravar más su apremiante situación.
El niño involucrado en esta historia, pasados casi cinco años de los hechos que se juzgan, probablemente esté cursando ya la preparatoria, así que es mi deseo que él y su familia, cuyas identidades desconozco, estén mejor, mucho mejor. Espero también que lo lento de nuestro sistema de justicia y la decisión que se proyecta para su caso, no les haya desilusionado, ni les vaya a desilusionar. Qué más quisiera que pudieran apreciar que su caso implica una causa de vital importancia.
Ojalá también no les haya afectado demasiado este evento, porque la verdad es que de forma alguna la sentencia de amparo les va a proporcionar una reparación integral. Si prospera la propuesta, se ordenará a la escuela únicamente que ponga a su disposición inmediata las evaluaciones y exámenes retenidos, junto con una invitación para que se abstenga de reiterar esa conducta en lo futuro y adaptar sus prácticas internas al criterio adoptado por la Primera Sala, con el cual pretende que se entienda que el cumplimiento de las obligaciones legales de tal escuela no puede condicionarlo al cumplimiento de los contratos que celebra con sus clientes.
En esos términos, más allá de las lecciones que queden para la escuela juzgada, si el resto de integrantes de la Sala comparte la propuesta presentada, quedarán desarrollados algunos elementos para avanzar en la justiciabilidad de los actos de particulares que violan derechos humanos. Habrá ocasión de escribir, cuando esta sentencia sea dictada, en torno a la importancia de que particulares lleven a cabo funciones de relevancia pública, a partir de una responsabilidad estatal delegada, bajo un principio de intervención pública, a la luz de una norma que establezca el proceder de tales particulares como parte de una función estatal o servicio público. Hasta entonces, se conocerá si este precedente apunta en la dirección adecuada.

Número cero
Sicilia y la confrontación por la paz

José Buendía Hegewisch

Excelsior

La política de pacificación se perfila como espacio de confrontación del que acaban por expulsarse a quienes no caben en el discurso de la 4T, aunque compartan el mismo objetivo de poner fin a la guerra de la última década. La desunión en este tema no es una buena noticia para la paz, y peor aún, la discordia es otro freno para reconciliar a las víctimas y superar los tiempos más violentos en la historia moderna, no obstante la promesa de López Obrador de conseguirlo como prioridad de su gobierno.
Cabe destacar que el debate sobre la estrategia es cuestión distinta a la politización de los esfuerzos de paz. Ésta es una reacción peligrosa que evidencia lo que está turbado o alterado ahí dentro. Puede comprenderse la molestia oficial por el señalado fracaso en recuperarla con decisiones muy cuestionadas como la Guardia Nacional y el combate al crimen con el cuerpo militarizado. Pero eso no justifica la construcción de enemigos internos cuando las diferencias afloran entre viejos compañeros en la ruta de la paz. “No es hora de protestar contra López Obrador, ahí estarán los que perdieron privilegios con la 4T”, le advierte el padre Solalinde desde su cercanía con el gobierno a su aliado en el activismo de derechos humanos.
Las críticas a la política de seguridad se acumulan a lo largo del año hasta rebosar en el llamado de volver a salir a las calles para exigir un alto a la violencia y un cambio en la estrategia contra el crimen (si la hay), como ambos activistas hicieran antes. El Presidente ha dado muestras del disgusto que le causa el tema, más cuando la crítica viene de una de las caras más visibles de la guerra contra el narco de sexenios anteriores y de las víctimas de la violencia; de un aliado de muchos del grupo en el poder en la denuncia de la peor crisis de derechos humanos en la historia moderna y de la repulsa a querer apagar “el fuego con el fuego”, como critica López Obrador de las estrategias de sus antecesores. Ahora, el desabrimiento causado en el paladar oficial se debe a que el posicionamiento del activista cambia la narrativa del “vamos bien” con la que se quiere dominar la realidad y evitar que la inseguridad siga contaminando su popularidad sin respuestas claras al problema. Desde el fracaso del culiacanazo y sus secuelas de terror, caos y violencia en otros estados, el mandatario ha caído unos 9 puntos de popularidad.
Lo que no debe aceptarse es romper los consensos que existían en la oposición al modelo de la guerra contra el narco por defender la aprobación presidencial. La izquierda hoy en el poder sabe desde que era oposición de las tradicionales divisiones en ella como fuente de debilitamiento, más aún los efectos devastadores de la exclusión y la estigmatización de las diferencias a su interior. Aislar o descalificar a la crítica obstaculiza el diálogo y rema contra los esfuerzos de paz, porque ello conduce a la radicalización de posturas como se observa de las campañas en redes sociales para desautorizar a Sicilia o los llamados a la inacción para no dañar el edificio de la 4T.
La preocupación oficial tendría que estar en el récord de homicidios en que cerrará 2019 como el más violento desde que se tienen registros, en vez de en desactivar una protesta contra los niveles de inseguridad. Menos aun con formas que alejan el diálogo y alimentan el ambiente de polarización que divide al Movimiento por la Paz y los consensos sobre la agenda de derechos humanos que antes procuraron todos desde la oposición. Quienes pierden son las víctimas, como se vio en las escenas de violencia en que se impuso a Rosario Piedra en la CNDH. Sobre todo el que se debilita es el propio gobierno porque la pacificación del país es un objetivo que no puede alcanzar sin el concurso de voluntades como un proyecto de Estado en el que quepan todos quienes quieran acabar con la guerra.

México SA
En el horno, aumento al mínimo // Merma de empleo mejor pagado

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

En unas cuantas semanas más se conocerá el aumento al salario mínimo consensuado por el Consejo de Representantes (gobierno, patrones y obreros) de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y, aunque hasta el momento no hay nada en concreto ni un anuncio formal, en el ambiente laboral se menciona la posibilidad de que el alza sea sustancial, siempre en línea con la política del presidente López Obrador de recuperar la brutal pérdida de poder adquisitivo del miningreso.
El 17 de diciembre de 2018 se anunció formalmente que en 2019 el salario mínimo general diario en el país sería de 102.68 pesos (aumento de 16.2 por ciento), con la salvedad de que en la frontera norte tal indicador llegaría a 176.72 pesos (incremento de 100 por ciento). Al respecto, el mandatario mexicano subrayó que tal decisión es un acto muy importante, se puede decir histórico, porque iniciamos juntos una nueva etapa en la política salarial de nuestro país. El incremento superior en la frontera norte representa una última cortina de desarrollo para evitar la migración forzada.
Sin duda se trató de una decisión importante, pero insuficiente a todas luces, dado que el poder adquisitivo del salario mínimo prácticamente desapareció en los pasados 40 años, y si bien el incremento de 2019 y el que se cocina para 2020 son relevantes, en realidad falta mucho terreno que recuperar. De hecho, si se comparan el salario mínimo general vigente en nuestro país y el que se paga en Estados Unidos (promedio federal), la diferencia es de 11 tantos.
Pero al grave problema de pérdida de poder adquisitivo acumulado se suma la cancelación de plazas mejor remuneradas. Como bien lo detalla el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), la 4T enfrenta un problema sistémico que sigue avanzando: la destrucción de empleo que paga más de tres salarios mínimos. Durante 40 años el Estado mexicano no ha logrado establecer una estrategia de política económica que genere crecimiento económico vigoroso y sostenido que a la vez propicie mayor desarrollo social.
De acuerdo con el IDIC, la magnitud del problema lo hace evidente: aumenta la población, pero se destruye empleo bien pagado, particularmente el que genera ingresos superiores a tres salarios mínimos. En el nuevo milenio se ha exacerbado la desaparición de empleo bien remunerado: ahora más mexicanos deben competir por un número menor de ocupación y empleo que les otorgue un buen ingreso económico.
Y le pone números al problema: entre 2005 y 2019 la precarización del mercado laboral se generalizó en México, pues el aumento de la población total en ese periodo fue de 18 millones de personas, de los que 13 millones se incorporaron a la población económicamente activa, es decir, mexicanos que requieren un empleo.
El problema que enfrentaron, así como los ya presentes en el mercado laboral, fue la pérdida sistemática de empleo bien remunerado, lo que se ha observado en los pasados 15 años (de finales del sexenio foxista al cierre de Peña Nieto; con AMLO se observa una ligera mejoría, pero aún no sustantiva). Lo delicado de la situación se resume en un hecho: en ese lapso, todos los estados de la república registraron un retroceso en el número de personas ocupadas con un empleo que genera un ingreso superior a cinco salarios mínimos; se perdieron más de 2.5 millones.
La Ciudad de México fue la entidad más afectada con una pérdida de 323 mil 600 plazas (12.7 por ciento del total). En segundo lugar, el estado de México (283 mil 800 puestos, 11.1 por ciento del total). Baja California (-220 mil 800), Nuevo León (-165 mil 700 mil) y Veracruz (-147 mil 900) fueron las otras entidades que contabilizaron las mayores reducciones.
La situación en la Ciudad de México, Baja California, Tamaulipas, Chihuahua, Morelos y Guerrero fue aún más delicada, porque ninguna de esas entidades elevó la cantidad de ocupación y empleo asociada a remuneraciones siquiera de entre dos y tres salarios mínimos.
Las rebanadas del pastel
Ayer se conmemoró la ¿revolu… qué?

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