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Clientelismo y fracaso del programa de emergencia

Rafael Hernández Estrada

Proceso

La información del propio gobierno federal muestra que naufragó el programa de créditos a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMes), traspiés que se agudizó en la vertiente de Crédito Solidario a la Palabra a cargo del IMSS. Esta dependencia dispuso de 1 millón de créditos de 25 mil pesos y solo colocó 191 mil, lo que representa una cobertura de apenas el 19% de la meta planeada.
Dado que fue el mismo presidente de la República quien decretó esta política, como parte de su programa para reactivar la economía, la responsabilidad del fracaso recae en él. Efectivamente, el 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto presidencial de política de austeridad en el que, en su Punto IX, anuncia que su gobierno otorgará tres millones de créditos a personas y a pequeñas empresas familiares
En la conferencia de prensa que impartió un día después el Presidente, acompañado de la secretaria de Economía, del Director del IMSS y del Coordinador General de los Servidores de la Nación, precisó que dos de esos 3 millones de créditos se otorgarían como parte del “Programa de Apoyo Financiero para Empresas Familiares” que operó con dos modalidades: 1) la de las empresas formales que dan de alta a sus trabajadores en el IMSS, y 2) la de las empresas informales, cuyo requisito fue el estar inscritas previamente en el llamado “Censo del Bienestar” que levantaron los Servidores de la Nación. Cada una de esas modalidades otorgaría un millón de créditos de 25 mil pesos.
En su modalidad para empresas formales, el programa quedó inmediatamente marcado por el clientelismo electoral, pues el IMSS incluyó, como aviso de aprobación de los créditos, una carta dirigida a los beneficiarios con el nombre y cargo del Presidente. Ello provocó la inmediata queja del PRD y de otros partidos, así como la crítica de buena parte de la opinión pública, por lo que el INE debió ordenar al gobierno el retiro de dicha misiva mediante un acuerdo de medidas cautelares.
El día 15 de mayo, el IMSS anunció que el programa se cerró con 191 mil créditos colocados en la modalidad a su cargo, lo que representa apenas el 19% del millón de créditos previsto. Seguro que el escaso interés se debió a que era mínimo el monto del crédito brindado, a que las empresas formales, al estar plenamente identificadas, no podrían eludir el pago del mismo más los intereses devengados y, quizás en menor medida, al rechazo de los empresarios hacia el clientelismo electoral descarado.
La otra modalidad, dirigida a empresas del sector informal, quedó a cargo de la Secretaría de Economía y de los Servidores de la Nación. En este caso, el avance fue sustancialmente mayor pues se alcanzaron los 964 mil créditos colocados. Habría de conocerse y auditarse el padrón de beneficiarios para hacer la evaluación de esta parte del programa, pero al parecer fue más apreciada porque, a pesar de que igual se estableció la obligación de las empresas de pagar el préstamo más los intereses, los beneficiarios en este caso, siendo informales, no están tan atados a ese deber como las empresas que le responderán al IMSS y a Hacienda.
La modalidad a cargo del IMSS apenas dispuso de 4 mil 775 millones de pesos de los 25 mil millones disponibles, lo que implica un subejercicio del 81%. Si se suman los alcances de ambas modalidades, el subejercicio es superior al 40%, lo que en el contexto de la emergencia económica sigue siendo un rotundo fracaso.
Por otra parte, no parece ser el principal objetivo gubernamental el mitigar los efectos catastróficos de la crisis económica del covid-19 pues, en ambas vertientes del Programa, quedó al descubierto el clientelismo electoral que lo inspira: en el primer caso, con la carta presidencial; en el segundo, con la utilización del “Censo del Bienestar” y la participación de los Servidores de la Nación, sesgadas en favor de la base de apoyo de Morena.

Número cero

AMLO, radicalización en tiempos de emergencia

José Buendía Hegewisch

Excelsior

Los partidarios de los extremos comparten el ánimo hacia la radicalización y la intransigencia respecto a ideas diferentes. Son acepciones unívocas en la definición de radical, que también significa viaje a la raíz. En el equipo cercano del presidente López Obrador avanzan las posiciones que empujan la polarización en esa dirección como una buena salida ante la emergencia sanitaria y económica, sobre otras voces que buscan espacios de conciliación y acuerdos. Pero esa zona se reduce a medida que la crisis nubla el futuro de proyectos estratégicos de la 4T. La primera consecuencia grave de profundizar los extremos es que el radicalismo borra la pluralidad en el debate público e inhibe la libertad de expresión se fundamenta en una sola visión y hasta con sus propios datos, como cada vez es más evidente en la estadística de la pandemia. En la polarización, como en las guerras, la primera baja es la verdad y el cotejo con la realidad. Lo único que cuenta es ganar. En la perspectiva de los radicales, cuando la situación se complica es también el momento de no consentir con lo que creen justo o verdadero, a fin de acabar con la diferencia, así sea optar por gobernar a través de órdenes ejecutivas o acuerdos presidenciales. La consigna de aduladores, todo el poder presidencial para salvar el proyecto, como música para los oídos de López Obrador.
Es el caso del reciente acuerdo del Ejecutivo sobre el mercado eléctrico, el cual cambia sobre la marcha las reglas de juego a las empresas de energías “limpias” para la generación y transmisión de electricidad. La decisión de poner nuevas instrucciones sobre el papel y convertirlas en documentos oficiales en la regulación eléctrica o antes con el decreto que habilita a los militares para la seguridad pública se han hecho más frecuentes en la pandemia. Su recurrencia subraya el poder conferido al Presidente, aunque, en otros lados, la emisión de estas órdenes obedece a tiempos de guerra o a evitar crisis internas. En nuestro caso, no se ha justificado ni motivado por ninguna de ellas. Al contrario, el instrumento de gobierno profundiza las inercias de la estrategia de seguridad y, en el mercado eléctrico, agudiza la confrontación con la IP. Pero el oído presidencial parece cada vez más dispuesto a seguir este consejo de lo que estuvo hace un año en la aprobación de la ley de Guardia Nacional o para destrabar el conflicto de los gasoductos con EU y antes con el aeropuerto, como le recomendaran Urzúa, Ebrard o Monreal.
No obstante, López Obrador descarta que dicho acuerdo sea un proceso de nacionalización del sector eléctrico, como si quisiera disipar temores por su declaración de que la crisis sirve como “anillo al dedo” a su transformación. Aunque las acciones afectan las condiciones de competencia y pretenden reforzar a la CFE, se ofrecen como un “reordenamiento” para garantizar el suministro y el precio. Pero los problemas técnicos en la transmisión y conectividad que, en efecto, genera el cambio en la demanda de electricidad por el confinamiento, se pierden en la retórica oficial de acabar con “contratos leoninos” y corrupción. La emergencia económica ha puesto en estado catatónico proyectos estratégicos de la 4T, como el rescate a Pemex y a la CFE, en un momento en que la desglobalización abre paso en el mundo al nacionalismo económico. Ésta es la raíz del pensamiento económico de López Obrador y el referente que opone al neoliberalismo. Los tiempos favorecen a los que le aconsejan aprovechar la crisis con golpes de timón, como en el mercado energético, incluso si suponen acrecentar la desconfianza del capital, la contraofensiva de empresarios en tribunales o el reclamo de gobiernos como Canadá y la UE en defensa de sus inversionistas. Posturas que han defendido, por ejemplo, Bartlett y Nahle.
No obstante, la Cenace ha tenido que descongelar 23 proyectos por amparos de la IP. Pero, más allá de ello, nunca como en la pandemia el gobierno ha guardado más insana distancia con ellos por su plan de rescate económico o ahora el litigio eléctrico. Una expresión del avance de los duros de su equipo, que incluso podrían querer salvar a las empresas públicas de energía con contratación de deuda del Estado ante la falta de liquidez y sequía de capitales. Así su confianza en los tiempos que corren para decisiones radicales.

Administrar el riesgo

Néstor Martínez Cristo

La Jornada

México ha iniciado la reapertura de su actividad económica con más dudas que certezas, con temores fundados y con una sociedad polarizada.
Las cifras de contagios y muertes siguen en ascenso. La curva no parece aplanarse y, sin embargo, el semáforo epidemiológico ya empezó a cambiar.
Tras dos meses de aislamiento social, el escenario luce complejo: la crisis ya no es solamente sanitaria, sino también de confianza. Seguimos en el pico de la pandemia. En la vuelta a la normalidad, nada ni nadie puede garantizarnos inmunidad. Se trata, entonces, de administrar el riesgo de la mejor manera posible.
Y en este momento crucial despunta también una fuerte polarización social que en nada ayuda. Hay disputas entre diversos sectores sociales, entre éstos y el gobierno, e incluso entre los diferentes niveles de gobierno. Todos se miran con recelo.
Algunos urgen a la apertura y presionan para conseguirla; otros están de acuerdo con retomar las actividades de manera gradual, y unos más consideran que aún no es el momento y se oponen a la idea de levantar el aislamiento. Es el caso de los 324 municipios del país que no han registrado contagios (todavía) y que se niegan a abrir, no obstante haber sido autorizados por el gobierno. De ahí también la decisión de varios gobernadores de cancelar definitivamente el regreso de los escolares en este ciclo.
Hace dos jueves escribí en este mismo espacio acerca de las presiones que varias potencias económicas –que ya superaron la crisis de la pandemia– estarían ejerciendo al gobierno mexicano para que reactive lo antes posible aquellas industrias clave para las cadenas de suministros. Comenté que la gravedad del momento de la pandemia en México aconseja a la prudencia y que el manejo sanitario de esta crisis es la prioridad para evitar que la propagación del virus se salga de control.
Dije que el momento de México para reabrirse debería ser su momento. Ningún otro. Y que sería preciso que la salud de la población sea preservada por encima de cualquier otra consideración. Lo sigo creyendo. Pero leo que, justo en el pico de la epidemia, la industria automotriz –clave en la cadena de suministros– se prepara ya para reabrir al inicio de la próxima semana.
Un sondeo publicado recientemente por un diario local muestra que la mayoría de las personas consultadas avizoran riesgos en la reapertura. Dice carecer de información suficiente y confiable que le permita discernir. Los mexicanos admiten tener dudas y temores. Ven relajamiento en el acatamiento de la población a las medidas sanitarias e incremento en su movilidad. Consideran que lo peor está por venir.
Aunque la mayoría dice sentirse cómoda de poder realizar actividades esenciales, como regresar a sus sitios laborales o entrar protegidos a un supermercado, afirman aún no estar dispuestos a sentarse a la mesa en un restaurante o acudir a un gimnasio.
Solo uno de cada cuatro encuestados reconoce que estaría cómodo de mandar a sus hijos a la escuela al inicio del próximo mes y llama la atención que a la mayoría le preocupa más no tener dinero para satisfacer sus necesidades básicas durante las semanas por venir, que resultar contagiada.
Lo cierto es que la ruta hacia la llamada nueva normalidad no está trazada ni termina de alcanzar un consenso social que se antoja indispensable para lograr su objetivo con el éxito anhelado. El esfuerzo no puede ser visto como una tarea exclusiva del gobierno. Es una responsabilidad de todos y así debe ser compartida.
En todo el mundo las calamidades y los desastres ahondan las divergencias, exacerban los problemas y las injusticias. Las asimetrías se visibilizan con mayor crudeza y las tendencias en marcha se aceleran, ya sean éstas económicas, políticas o sociales. En nuestra nación, las emergencias terminan siempre marcadas por la desigualdad.
La vuelta de México a la actividad económica, como la de todos los países que optaron previamente por el confinamiento, tendrá que ser un proceso gradual. No hay duda de que esta reactivación resultará decisiva para paliar el desastre económico que se vislumbra, pero la salud es primero.
Urge, sin duda, mejor información. No tengo elementos para señalar que el gobierno esconde o falsea las cifras. Pero insistir en que la curva se aplana, cuando las gráficas muestran claras tendencias al alza, habla de una comunicación que en nada abona a la transparencia y a la certidumbre.
Es primordial generar seguridad, unidad y esperanza. Que impere el convencimiento social de que la responsabilidad es compartida y que de lo que se trata ahora, en México, es de saber administrar los riesgos.

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