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Disiento

Ricardo Raphael

Proceso

Dos conductores van en sentido contrario enceguecidos porque llevan ácido en los ojos. No es necesario adivinar el resultado. Sólo la suerte podría salvarlos de una funesta colisión.
El problema es que no son sólo dos los sujetos intoxicados quienes conducen a toda velocidad. De un lado y otro suman muchos los que han perdido de vista el camino y con ello toda proporción de la realidad.
No tiene sentido repetir aquí los números agregados que bien conocemos. El saldo de personas, en el mundo y en el país, a las que el SARS-Cov-2 arrebató la vida, la pérdida del empleo, la pobreza súbita de millones, el cierre de los negocios, la destrucción multimillonaria de los patrimonios.
Cada una de esas frases incluye mucho dolor humano. En estos días los contagios rondan la vida íntima de tantos. ¿Quién se escapa a estas alturas de sufrir la pandemia en carne propia?
Somos demasiados los que estamos perdiendo. Nuestro futuro no es lo que era, ni volverá a serlo.
Los psicólogos tienen la agenda llena, también los ministros de culto, y los médicos, cuya carga laboral se ha multiplicado.
Como si no bastara esto para apelar a la empatía, la violencia criminal se aprovecha de la mala estación para hacer de las suyas. Ahí donde las empresas ilegales disputan territorio, las armas de fuego se encargan de llevarse a quienes el coronavirus había dejado ilesos.
Será porque alguna vez vivimos protegidos que, frente a este escenario, el cuerpo pide a gritos la protección de las personas adultas. Pero en vez de contar con una voz sensata y razonable que nos devuelva al menos un milímetro de la tranquilidad extraviada, los adultos que gobiernan la casa se han intoxicado y no ven nada más allá de sus narices.
El miércoles de la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que le parecía divertido denunciar una supuesta operación golpista en su contra a partir de un documento anónimo y sin verificación.
No es que quiera arrebatarle el contento a nadie, pero me sienta muy mal que, mientras tengo familiares en situación grave por la epidemia, el mandatario amenice con malas bromas durante sus conferencias mañaneras.
Me temo que está intoxicado con el gas de la apatía frente al dolor ajeno. En su ánimo no hay empatía, sino las ganas de pelear que siempre le ganan. No ha querido ser el adulto que los demás pedíamos, sino el gobernante chocarrero, rijoso y obsesionado con sus logros propios.
Cosa menos peor sería que la intoxicación sólo afectara a uno de los conductores. Así cabría que el otro se apartara con prudencia del camino. Sin embargo, el mal de la desconexión humana es la pandemia política de nuestros días.
Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, encarna al otro tipo de conductor. Hasta hace unas cuantas semanas se trataba de uno de los líderes más respetados de la oposición; gobernador de una de las tres entidades más importantes de la República; hombre sobrio, disidente mesurado y poseedor de una cabeza bien amueblada.
Pues a este señor también le llegó la intoxicación. No supo portarse con altura ética después de que en una alcaldía de su estado –controlada por el narco– desapareció, fue torturado y murió un joven obrero de la construcción, a manos de la policía municipal.
Al gobernador Alfaro no se le ocurrió otra salida del problema que echarle la culpa de la reacción social, frente a tan lamentables hechos, a “los sótanos del Palacio Nacional”, después de que las autoridades locales trataron de sobornar a la familia del difunto para que el hecho no tuviera difusión y con posterioridad a que el fiscal del estado hubiera tratado el expediente con negligencia durante casi un mes.
Igual y como hizo el presidente López Obrador con el documento apócrifo del Bloque de Oposición Amplia (BOA) –burda e inverosímil fabricación–, Alfaro corrió a señalar a los seguidores del presidente como responsables del incendio que atentó contra la vida de un oficial de policía y tuvo un saldo de 28 personas heridas.
Para acusar debía probar, dijo el presidente al gobernador. El mismo presidente que días después acusó sin probar nada, con un documento que su propia oficina de comunicación social reconoció como poco confiable.
Lo dicho: la intoxicación se generaliza justo cuando sería indispensable que los conductores del país tuvieran sus sentidos más alertas, estuviesen concentrados y trataran de conectar con lo que el resto de la comunidad estamos viviendo.
Mientras el presidente se divierte con frivolidad, quisiéramos un gobernante que asumiera la responsabilidad que le toca.
No puedo imaginarme a Benito Juárez bromeando por la mañana, en una conferencia de prensa, mientras los franceses desembarcaban en las costas del Golfo.
De su lado, Enrique Alfaro festinará su última jugada política. Al acusar sin probar que el presidente sería responsable de la violencia sufrida durante las marchas de protesta contra la muerte de Giovanni López, logró este gobernador jalar reflectores para convertirse en el líder más visible de la oposición.
Quienes aplaudieron su discurso infundado deberían asumir que al mismo tiempo dieron el espaldarazo a la propagación de mentiras.
Disiento cada día más de ambos bandos. Me agravia su arrogancia y su ligereza. Supongo que no hay vacuna para la intoxicación que distrae a la mayoría gobernante de los asuntos que sí son importantes. Disiento porque hacen falta adultos en casa, porque el oportunismo inmoral en estos días es doblemente oportunismo y doblemente inmoral, disiento porque el dolor de mi país y mi gente no merece menosprecio.

Número cero

El gobierno no se entera de la violencia política

José Buendía Hegewisch

Excelsior

Los ataques contra jueces son asunto grave que el gobierno no ha tomado con suficiente seriedad, a pesar de hablar de un contexto de violencia política en el país. Las acciones para violentar a las instituciones son un medio para lograr objetivos políticos. El miedo es el mensaje, como en la última ejecución de un juez federal, Uriel Villegas, de una larga lista de atentados de bajo costo para el crimen por el vacío institucional y la impunidad que hoy se agrava con la política de austeridad.
El objetivo del atentado, como reconoció la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue “un juez que hacía su trabajo”. Sus palabras, a modo de epitafio, subrayan dos cuestiones relevantes. La primera, el móvil por los asuntos sobre delincuencia organizada que llevaba el juez. Y, por consiguiente, que esta vez el crimen no se enmarca en la constante crítica de López Obrador a la corrupción de los jueces, a la que atribuye la liberación de criminales sin tocar a las fiscalías que los presentan mal, ¿es un problema de profesionalismo o amenazas a su integridad? En el caso de Villegas, ordenó el traslado de Rubén Oseguera, alias El Menchito, hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, a una cárcel de Jalisco antes de su extradición a EU, en febrero pasado.
Los mensajes sobre la corrupción judicial, en efecto, generan confusión y también crean condiciones de indefensión si el Estado no se hace cargo de garantizar la protección de jueces y magistrados. En un discurso recurrente, López Obrador atribuye el mal funcionamiento del Poder Judicial a la falta de ética de jueces y magistrados. Al tiempo que los recortes presupuestales los dejan sin resguardo, como ocurrió con Villegas, al que, según la familia, le suspendieron la protección porque se creyó un gasto innecesario. Así, hombres armados entraron en su casa y lo asesinaron junto con su esposa, en Colima, donde había sido readscrito desde Jalisco como medida cautelar, para moverlo de una zona de riesgo para impartir justicia. Apenas medio centenar de jueces de 1500 en el país contaban, hasta 2019, con algún tipo de protección, aunque la Judicatura no suele explicar en qué consiste ni cómo pensaba reforzarlo con los 750 millones que pidió en el presupuesto de este año para ello. En cualquier caso, el proyecto lo borró la austeridad republicana, como muestra la desprotección de Villegas. Y sin mayor escándalo social, porque la imagen de privilegios y transas en el Poder Judicial está bien introyectada en la percepción pública.
La rotación de jueces es una política que impulsa el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, como mecanismo para evitar la penetración del crimen en regiones donde los circuitos de jueces están controlados por los cárteles. En febrero pasado presentó una propuesta de reforma al Poder Judicial para acabar con la corrupción y el nepotismo que “alimentan a la impunidad que, por mucho tiempo, las ha acompañado”. No obstante, las acusaciones del Presidente y de Zaldívar rara vez se acompañan de denuncias en tribunales y tampoco pasan de condenar ataques en el discurso. O sea, no se traducen ni en acciones efectivas contra la corrupción y tampoco en protección a los jueces que “hacen su trabajo”.
La inacción de las autoridades crea vacíos institucionales, especialmente peligrosos cuando los llena la violencia política. El caso de Villegas no es nuevo, en los últimos años fueron ejecutados el juez federal Vicente Bermúdez, en el Edomex, tras negar un amparo al Chapo Guzmán, otro juez penal de Tamaulipas, un juez calificador en Guanajuato y uno de Puebla relacionado con el huachicol. También fue atacado un juez civil de Jalisco y recibieron amenazas un juez de control de Chihuahua y otro de Zacatecas. En todos, el mensaje parece el mismo, ¡no se metan con nosotros!
En contraposición, la respuesta del gobierno ha sido llamarlos a “bajarle” a la violencia y al activismo social que algunos cárteles muestran en el confinamiento, así como cuestionables encuentros, como el del Presidente con la madre del Chapo. El asunto va más allá de discursos ambiguos contra el crimen, aunque el gobierno parece que no se ha enterado de que se trata de violencia política que amenaza con silenciar y desactivar a las instituciones.

¿Nos robará el tren el paraíso?

Paloma Escalante Gonzalbo*

La Jornada

Quienes leen los artículos, las denuncias, las solicitudes de amparo y de suspensión contra el Tren Maya desde las diversas ciudades del país, seguramente imaginan que en la península de Yucatán caminamos por frondosas selvas llenas de animales libres entre la exuberante vegetación y encontramos pueblos mayas que trabajan sus milpas en sus territorios ancestrales, realizan sus rituales y viven en paz.
Cuando recorremos los caminos y poblados, lo que encontramos son comunidades, unas mayas, otras mestizas, que son ejidatarios, que tienen tierras ejidales, los territorios ancestrales se perdieron hace siglos, quienes producen cada vez menos por las sequías de los años recientes, que se ven en la necesidad de migrar para buscar empleo en las ciudades turísticas o en algún otro lugar, que se tienen que ir de sus pueblos porque no hay trabajo en ellos, que tienen que abandonar su lengua porque si no hablan bien español no tienen oportunidades. Que han vuelto deportados de Estados Unidos, sin nada, después de pasar las penalidades del camino y varios años de su vida.
Encontramos selvas asoladas por la tala clandestina y los cazadores furtivos, que incluso inician incendios para hacer salir a los animales y acaban con reservas forestales de siglos. No pasean en libertad por ahí los jaguares, monos y tucanes, sino amenazados, por esa caza furtiva y por las carreteras y caminos por las que pasan a todas horas tráileres a gran velocidad que, por su peso, no pueden detenerse, aunque quisieran, y los atropellan cada día.
Desde esa realidad la promesa del tren significa muchas cosas, entre otras, pasos de fauna, vigilancia y presupuesto para la conservación, ofertas de empleo que harán que la tala, por parte de los mismos pobladores locales, no sea la única opción para la supervivencia. Significa la esperanza para los jóvenes de no tener que salir de sus pueblos para tener de qué vivir, sin tener que sumarse a las filas del crimen organizado porque no haya otra opción. Significa que los pueblos puedan ser lugares para habitar con los servicios básicos de agua, electricidad, salud, educación y actividades económicas que les permitan vivir dignamente.
Los impactos ecológicos se pueden resolver con planes de mitigación que existen. Los pueblos han sido consultados, y, por más que haya habido quejas contra la consulta por parte de asociaciones civiles, la consulta fue muy bien recibida en las comunidades.
¿Por qué entonces hay organizaciones que se pronuncian en contra de esa forma? ¿Quiénes son? ¿Qué persiguen?
En el caso del estado de Campeche, en particular en el municipio de Calakmul, se han presentado solicitudes de amparo y de suspensión a lo largo de meses –por cierto el amparo fue resuelto a favor del Tren Maya– ésas han estado firmadas por dos organizaciones: el Consejo Regional Indígena Popular de Xpujil y la Asamblea de Defensores de Territorio Maya Múux Xíimbal. Los primeros son un grupo que ha sido rechazado por los pobladores de las comunidades del municipio, que incluso impidieron que se metieran a obstaculizar la realización de la asamblea de consulta a los pueblos en diciembre del año pasado, porque la mayoría de los pobladores opinan que no los representan a ellos ni a sus intereses. Son cercanos al Concejo Indígena de Gobierno. La asamblea de Defensores del Territorio Maya está integrada por una veintena de personas, que tienen presencia en unas 20 comunidades de la península, que han hecho un gran trabajo, especialmente en Yucatán, enfrentando a las plantas fotovoltaicas y eólicas y en algunos casos, logrando pararlas cuando afectaban seriamente al medio ambiente y a las comunidades. Sin embargo, no habitan en Calakmul ni los habitantes de Calakmul se sienten representados por ellos. Esto no quiere decir que no señalen puntos importantes que hay que considerar y responder con seriedad, les preocupa la forma en que se pueden tomar las decisiones, la posible vulneración de la identidad maya y el riesgo de despojo y abuso en un proyecto que queda fuera de las manos de la comunidad en toda su dimensión y, desde luego, a lo largo de la historia no han tenido razones para pensar que en los gobiernos federales se podía confiar.
El actual gobierno federal, que no es ya el mismo de antes, a través de todas las dependencias involucradas y presentes en el Proyecto Tren Maya tendrá que ir mostrando su confiabilidad y cumpliendo con las metas que se planteó en el inicio, el lograr la posibilidad de desarrollo regional participativo, mitigando la desigualdad y respetando el medio ambiente.
Algo tienen claro los pobladores de la región, el paraíso hace demasiados años que no existe, lo que ya no se puede es no hacer nada. Si transformar esto es lo que ofrece el gobierno, pues hay que poner en esto la esperanza, no a ciegas, sino acompañando, trabajando, vigilando para que las cosas resulten en beneficio del pueblo.

* Profesora e investigadora del INAH, posgrado en antropología social ENAH.

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