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El pueblo juez

Ricardo Raphael

El nivel de desconfianza hacia el Poder Judicial es tan grande, que los juicios han abandonado los juzgados para trasladarse al circo mediático. Todos los días hay alguien nuevo sentenciado por ese tribunal.

Propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que, para resolver el tema de las candidaturas canceladas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco, los magistrados encargaran una encuesta telefónica.

“Sería muy sencillo ahora que hay estos sistemas de teléfono, un call center, que hoy y mañana el tribunal –una empresa especializada– hiciera una encuesta y preguntara a todos: ‘¿Quieres que participe este candidato o no? ¿Se le acepta el registro o no?’”

Parece broma y sin embargo no lo es. El jefe de Estado mexicano está proponiendo que las sentencias de los jueces se resuelvan, igual que las candidaturas de Morena, a través de un sondeo.

No hay distancia entre esta barbaridad y suponer que los jueces podrían seguir igual método cuando deban sentenciar a un secuestrador, un terrorista o a un asesino serial.

Imagino la llamada:

–¿Estoy llamando al teléfono del señor X?

– A sus órdenes, soy el señor X.

–Mire, nos comunicamos de un call center contratado por el juzgado número nueve de distrito, responsable del caso Y.

–¿Y yo qué tengo que ver con ese asunto?

–No se altere señor X, déjeme explicarle: le cuento que las cosas han cambiado. Ahora los jueces no deciden sobre la culpabilidad de las personas.

–¿Y cómo deciden ahora?

–Preguntándole a la gente. Usted, señor X, salió sorteado entre los ciudadanos que deben decidir si el asesino serial del caso Y debe ser sentenciado a 70 años de prisión.

–Óigame, pero yo no conozco el expediente ese.

–No importa, usted es parte del pueblo bueno que nunca se equivoca.

–Pero a veces me equivoco.

–No sea necio, señor X. Lo único que debe hacer esta linda tarde es marcar el número 1 si cree que el asesino serial es culpable y el número 2 si no lo es. Cualquiera de las dos opciones seguidas del signo de #.

Sería formidable que esta hipotética conversación concluyera con el señor X colgando estrepitosamente la bocina. Sin embargo, vivimos en una extraña época donde creemos que los ciudadanos de a pie podemos hacer cualquier cosa mejor que los funcionarios públicos.

El nivel de desconfianza hacia el Poder Judicial es tan grande, que los juicios han abandonado los juzgados para trasladarse al circo mediático. Todos los días hay alguien nuevo sentenciado por ese tribunal.

Durante las mañaneras, López Obrador acusa sin probar, sentencia sin sanción y encarcela sin prisión. Hay días que toca pasar a la picota a los periodistas, otros a las autoridades electorales o a los gobernadores de la oposición, a los funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación, a las empresas farmacéuticas, a los inversionistas extranjeros, a los conservadores, los liberales, los médicos privados y así un largo etcétera.

Para el presidente todo mundo es culpable hasta que él, en representación del pueblo, considere lo contrario.

El mandatario está consciente de que en unos días más el TEPJF devolverá a Félix Salgado y a Raúl Morón sus respectivas candidaturas a gobernador. También que en ambas entidades tiene Morena altas probabilidades de ganar la contienda.

¿Por qué entonces bromear con la propuesta del sondeo a través de un call center?

Sólo hay una respuesta: para profundizar el desprestigio del Poder Judicial. Si la justicia se puede resolver con un sondeo telefónico –dice el subtexto del mensaje presidencial–, ¿para qué queremos a los jueces?

No le basta a López Obrador haber subordinado a la mayoría de los magistrados del TEPJF para que voten exactamente como él instruye. Quiere además humillarlos, arrebatarles cualquier vestigio de dignidad pública.

Y frente a esta embestida los aludidos reiteran su docilidad. En vez de defender a la institución, por ejemplo, el magistrado presidente del TEPJF, José Luis Vargas Valdez, no halla cómo ser más obsecuente con los deseos del Poder Ejecutivo.

Últimamente se pasó tres pueblos, como dicen en España, utilizando sus redes sociales para denostar a los consejeros del Instituto Nacional Electoral con francas y evidentes mentiras.

Mejor ser de los que bulean instituciones –pensará Vargas– que ser buleado durante las conferencias mañaneras.

Esta misma actitud cínica gana cada vez más adeptos: jueces que se hincan, periodistas que callan, opositores que resbalan, empresarios que enmudecen, ciudadanos que miran hacia otro lado; todo con tal de no caer en las categorías sospechosas de “neoliberal” o “conservador”, las cuales sirven para apestar socialmente y sin misericordia.

Advierte el sociólogo francés Pierre Rosanvallon en su libro Contrademocracia: “los ciudadanos quieren lograr como jueces lo que consideran no haber podido alcanzar como electores”.

Una variación de esta sentencia permitiría decir: “los gobernantes quieren lograr como jueces lo que no pudieron someter a su poder insaciable”.

Juegos de poder

¿Se puede apaciguar a López Obrador?

Leo Zuckermann

  • De última hora, apareció un artículo transitorio que extiende el periodo del ministro presidente al frente de la SCJN por dos años más. Un transitorio en una ley secundaria que contraviene lo que ordena la Constitución.

José Ramón Cossío le ha dado en el clavo. El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) escribió un tuit con la famosa frase que Churchill le dijo a Chamberlain a propósito de su política para apaciguar a Hitler: “Os dieron a elegir entre el deshonor o la guerra. Elegisteis el deshonor y ahora tendréis la guerra”.

Churchill, desde un principio, entendió que era imposible apaciguar a un personaje como el dictador alemán. Los británicos, con el fin de llevar la fiesta en paz, primero dejaron que reintrodujera la conscripción militar obligatoria prohibida por el Tratado de Versalles. Luego que rearmara Renania. Posteriormente, que Alemania se anexionara Austria. Y, finalmente, que se tragaran a Checoslovaquia. Entre más toleraban a Hitler, más tenía éste incentivos para seguir adelante. Cuando Alemania se lanzó a conquistar Polonia, quedó claro que era imposible apaciguar a Hitler. Iba por todo.

A un personaje terco y maximalista como Hitler sólo lo puede enfrentar y derrotar alguien igual de terco y maximalista como Churchill.

Desde que ganó la elección en 2018, muchos actores políticos en México han optado por apaciguar a López Obrador. Llevar la fiesta en paz para evitar su radicación y un enfrentamiento abierto que pueda afectar sus intereses.

Uno de esos personajes ha sido Arturo Zaldívar. Frente a la amenaza de AMLO de transformar radicalmente al Poder Judicial, el ministro presidente ha establecido una buena relación con Palacio Nacional. Ha realizado maniobras rocambolescas para apaciguarlo, como el caso de la consulta para enjuiciar a los expresidentes de la República. Ha acomodado a simpatizantes de Morena en el Poder Judicial y acompañado a López Obrador a actos donde no debía participar. En fin, se ha acercado a López Obrador consiguiendo algo muy importante: que sea él, Zaldívar, el redactor e implementador de la reforma al Poder Judicial.

Parecería, entonces, que el apaciguamiento funcionó, ahora que el Senado aprobó dicha reforma.

Sin embargo, de última hora, apareció un artículo transitorio que extiende el periodo del ministro presidente al frente de la SCJN por dos años más y de distintos consejeros de la Judicatura. Un transitorio en una ley secundaria que contraviene lo que ordena la Constitución.

Hay quienes piensan que detrás de esta maniobra está el propio Zaldívar. Que recibió este “premio” a cambio de entregar en definitiva el Poder Judicial a las órdenes de AMLO. Esto, huelga decirlo, sería un gravísimo atentado a la división de poderes de nuestra democracia.

Hay otros que creen que Zaldívar desconocía de la extensión de su periodo; que fue AMLO quien, a través de sus lacayos en el Congreso, plantó esta “manzana envenenada” que pone en un brete al presidente de la Corte. ¿Qué legitimidad tendría Zaldívar al defender la Constitución si él mismo la estuviera violando al aceptar una extensión de su periodo al frente de la SCJN?

¿Cuál de las dos versiones es la verdadera?

Difícil decirlo. Hay mucha especulación, pero el gran humo político que rodea el voto de última hora en el Senado impide ver lo que realmente está pasando.

Mientras tanto, resulta interesante analizar si es posible o no apaciguar a un personaje como López Obrador.

Parecería que sí. Zaldívar logró imponer su reforma al Judicial. Pero, ojo, AMLO va por más. Es clarísimo que quiere el control total de la SCJN. Y es que, políticos como el Presidente, se les da una mano, la toman y luego van por la otra. Después por las piernas, posteriormente por el torso, hasta que terminan adueñándose del cuerpo entero. Son maximalistas. No saben perder. Quieren ganar todas de todas.

Así sucede con los políticos que buscan concentrar el poder. Generalmente arropados por una ideología de la construcción de un nuevo hombre feliz, van desmantelando cualquier contrapeso que les estorbe a su proyecto concentrador de poder: el Legislativo, el Judicial, la oposición, los órganos autónomos del Estado, los medios, las organizaciones de la sociedad civil, la comunidad empresarial, los sindicatos, etcétera.

Es evidente que en ésas andamos.

La política de apaciguamiento de Chamberlain de algo sirvió. Le permitió ganar tiempo a los aliados para rearmarse. Y sí, al final, hubo guerra y deshonra. En el caso entre López Obrador y la SCJN habrá dos posibles desenlaces. O la ignominiosa captura del Judicial por parte del Ejecutivo o el enfrentamiento entre los dos poderes. En última instancia, la política de apaciguamiento fracasará. Eso sí, Zaldívar, al igual que Chamberlain, habrá ganado tiempo. La pregunta es para qué.

¿Desaparecer al INE?

John M. Ackerman

El Instituto Federal Electoral (IFE) fue una creación de Carlos Salinas de Gortari. Después del fraude electoral de 1988, el innombrable quiso simular un compromiso con la democratización con la creación de un nuevo organismo semindependiente en 1990. Sin embargo, el PRI-gobierno mantuvo el control sobre el nombramiento de la vasta mayoría de los integrantes de aquel primer Consejo General.

No fue hasta 1996 que el IFE logró su independencia plena como órgano constitucional autónomo sin presencia alguna del Poder Ejecutivo. Pero, tal como documentamos en el libro Organismos autónomos y democracia: el caso de México (IIJ-UNAM/Siglo XXI, 2007), la ley diseñada por el PRI, que en aquel entonces todavía controlaba la mayoría del Congreso de la Unión, buscó intencionalmente reducir las facultades y marginar la influencia de los consejeros electorales.

La reforma de 1996 entregó casi todo el poder a la Junta General Ejecutiva, integrada por los titulares de las áreas administrativas del instituto, y centralizó el mando en el secretario ejecutivo y el consejero presidente. Para ocupar estas estratégicas posiciones, el presidente Ernesto Zedillo logró colocar a José Woldenberg como consejero presidente, quien a su vez impuso a uno de los más oscuros operadores priístas, Felipe Solís Acero, como secretario ejecutivo.

A lo largo del mandato de aquel Consejo General, entre 1996 y 2003, hubo una lucha constante entre los aliados de Woldenberg, que siempre le apostaba a una continuidad con el pasado autoritario, y aquellos consejeros, encabezados por Jaime Cárdenas y Jesús Cantú, que luchaban por construir un instituto auténticamente autónomo y cercano a la ciudadanía.

La renovación completa del Consejo General en 2003 resolvería la disputa en favor de las fuerzas conservadoras. Elba Esther Gordillo, entonces coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, pactó con el entonces presidente Vicente Fox para nombrar una nueva camada de consejeros electorales leales al PRIAN. Llegó Luis Carlos Ugalde como consejero presidente y posteriormente todos atestiguaríamos el trágico desenlace con el fraude electoral de 2006.

Desde entonces hasta la fecha el IFE, ahora Instituto Nacional Electoral (INE), ha estado controlado por consejeros cercanos al PRIAN. La renovación parcial del Consejo General del año pasado no resolvió el problema, ya que solamente se cambiaron cuatro de los 11 lugares en la herradura de Tlalpan. Adicionalmente, al llegar a su jugoso nuevo puesto una de las nuevas consejeras, Carla Humphrey, traicionó inmediatamente los principios de autonomía e independencia y se alió con el bloque conservador encabezado por Córdova y Murayama. Un servidor ya había advertido sobre este peligro al fungir como integrante del Comité Técnico de Evaluación de los Aspirantes al Consejo General del INE en 2020 (véase: https://johnackerman.mx/un-nuevo-i-ne/).

Otro problema es que se mantiene vigente la estructura de presidencialismo autoritario del INE heredada de la reforma electoral de 1996. Quien realmente gobierna hoy al instituto no es el Consejo General, sino Córdova y su cuestionado secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo.

El más reciente empecinamiento del bloque conservador del Consejo General de ratificar la negativa de registro a los candidatos de Morena para las gubernaturas de Guerrero y Michoacán por supuestas violaciones a la ley, que suman 19 mil pesos (0.3 por ciento del tope de gasto permitido durante las precampañas), demuestra la urgente necesidad de renovar el modus operandi del instituto electoral.

Tal como hemos escrito en estas páginas, esta decisión no representa la aplicación estricta de la ley, sino todo lo contrario, la abierta politización de la norma (véase: https://bit.ly/3sD5Qc9).Por ejemplo, en el contexto de la designación del nuevo presidente de Morena en octubre de 2020, las autoridades electorales ya habían resuelto que los procesos de designación por encuesta no implican la existencia de campañas electorales y por ello no son sujetos a procesos de fiscalización.

Es falso que el INE haya estado siempre a la vanguardia en la lucha por elecciones libres y auténticas. También es un engaño la actitud de Córdova y Murayama, quienes se presentan como la personificación de la democracia. Debemos estar abiertos a la posibilidad una reconfiguración de la institucionalidad electoral que facilite un avance en materia democrática.

La institución responsable de organizar las elecciones debe seguir siendo autónoma, desde luego. Sin embargo, su independencia no debe ser solamente del Poder Ejecutivo, sino también de los poderes fácticos que hoy financian ilegalmente a la oposición política y presionan a la autoridad electoral. La actual estructura del INE también resulta sumamente costosa, compleja y confusa.

No se debe desaparecer al INE, pero sí renovarlo y quizás remplazarlo con otro órgano con una estructura mucho más eficiente y efectiva.

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